(English bellow)
A casi una semana de iniciado el Estado de Excepción Constitucional al que ha apelado el gobierno para la militarización de Chile, hacemos énfasis en que esta crisis está sustentada en una injusticia basal, que ha significado una limitación de los derechos de la ciudadanía de manera permanente.
Un ejemplo claro de esta injusticia, es la existencia de “zonas de sacrificio”, donde se ha sometido a comunidades completas a vivir bajo altos niveles de contaminación, vulnerando su derecho constitucional a la vida. Constituye también un abuso invisibilizar a la ciudadanía, poniendo barreras a la participación, al acceso a la justicia y la información, negar derechos básicos como el derecho humano al agua, y mercantilizar la naturaleza como objeto de extractivismo.
El mundo está mirando a Chile como epicentro de la actual crisis socioambiental y del próximo debate climático en la COP 25. No es viable discutir el futuro del planeta, la justicia climática y los compromisos de cada país a través de sus Contribuciones Nacionales Determinadas (NDC), en un Chile que ha roto el Estado de Derecho y en que se ha enviado a los militares a contener las manifestaciones de malestar social, generando pánico, asesinatos y torturas documentadas.
La ciudadanía organizada se ha preparado intensamente para participar en los debates de la COP 25 a través de la Cumbre Social por la Acción Climática, y otras instancias de organización paralela como la Cumbre de los Pueblos, y el Foro Social Cop 25, pero estamos convencidos de que la COP no puede realizarse en un contexto de Estado de Excepción Constitucional, con presencia de militares en las calles.
Chile debe restablecer cuanto antes el Estado de Derecho e iniciar un diálogo inclusivo para la unidad nacional mediante un nuevo pacto social que incluya: una asamblea constituyente para una nueva constitución, en la cual el cuidado de la sociedad y del medio ambiente sean centrales para el bienestar y desarrollo nacional.
Por todo ello, como Sociedad Civil por la Acción Climática, llamamos a la comunidad nacional e internacional a presionar al Gobierno de Chile para que la COP 25 se realice en un Chile donde se respete la democracia y las garantías constitucionales. Ello requiere sacar a los militares de las calles y justicia plena ante las violaciones a los Derechos Humanos cometidas en estos días.
A week after the beginning of the Constitutional State of Emergency and the militarisation of Chile, we emphasise that this crisis is grounded in a basal injustice, which has created a permanent limitation of the rights of citizens.
A clear example of this injustice is the existence of “sacrifice zones”, where entire communities have been condemned to live under high levels of pollution and a permanent violation of their constitutional right to life. It is also an abuse to make citizens invisible, placing barriers to their participation in public decision-making processes, access to environmental justice and information, denying fundamental rights such as the human right to water, and commodifying nature as an object of extractivism.
The world is looking at Chile as the epicentre of the current socio-environmental crisis and the upcoming climate debate at COP 25. It is not viable to discuss the future of the planet, climate justice and the commitments of each state through its NDCs in a country like Chile that has broken the rule of law. Moreover, considering that in Chile the military has been sent to contain the expressions of social unrest, generating panic, assassinations and tortures.
The organised civil society has prepared itself intensely to participate in the debates of COP 25 through the Social Summit for Climate Action, and other instances, as the Peoples’ Summit and the Social Forum Cop 25. However, we are convinced that the COP cannot take place in the context of a Constitutional State of Emergency, with a military presence on the streets.
Chile must re-establish the rule of law as soon as possible and initiate an inclusive dialogue for national unity. This dialogue must be achieved through a new social pact that includes, at least, a constituent assembly for a new constitution, in which respect for a sound civil society and protection of the environment are crucial to well-being and national development.
Therefore, as the Civil Society for Climate Action, we call on the national and international community to pressure the Chilean Government for holding the COP 25 in a country where democracy and constitutional rights are respected. The latter requires, on the one hand, the removal of the military from the streets and, on the other hand, pursuing full justice against human rights violations committed during these days.
