Con entusiasmo recibieron en la Sociedad Civil por la Acción Climática, SCAC, la votación por 31 a favor y 3 en contra en que el Senado aprobó esta tarde el primer tratado de democracia ambiental y derechos humanos para América Latina y el Caribe.
Desde la plataforma que agrupa a más de 60 organizaciones ambientalistas de todo Chile, además de celebrar este hito que consagra el trabajo realizado por muchas organizaciones que siguieron todo el proceso de negociación y participaron de la redacción del tratado, su vocero y también Presidente de Territorios Colectivos, Sam Leiva, señala “es un momento para festejar en honor a nuestros defensoras y defensores del medioambiente, quienes cada día se enfrentan a las malas prácticas, muchas veces criminales, de empresas multinacionales, a industrias completas y al Estado, sacrificando su trabajo, tiempo familiar e incluso la vida”.
Por su parte, para Carolina Palma, también representante de la coalición y Coordinadora de Incidencia de ONG FIMA, desde el Congreso Nacional, señaló que “esta es una señal política acorde a los tiempos que vivimos, en que debemos asegurarnos de que toda inversión y desarrollo que se haga en Chile, sea realizada cuidando el medioambiente y en consideración de las comunidades que habitan los distintos territorios. Luego de este difícil primer paso, esperamos que podamos avanzar de manera rápida en la implementación del Acuerdo, para que efectivamente todos y todas podamos hacer uso de las herramientas que en él se plantean”.
Entre las oportunidades que se levantan con este tratado, se encuentran avanzar en garantizar los derechos de acceso a la información, participación y justicia en materia ambiental, lo que permitiría establecer mecanismos que promuevan una toma de decisiones más democrática y transparente. Adicionalmente, este tratado es el primero en el mundo que tiene como objetivo dar un entorno seguro para defensoras y defensores ambientales, cuestión clave para Latinoamérica, la que lamentablemente es la región más peligrosa para la defensa ambiental, y un escenario no ajeno para Chile, que es uno de los países del mundo con más conflictos socio ambientales.
Esta aprobación se da después de años de trabajo ciudadano, y salda la deuda que Chile tenía con la democracia ambiental, luego de haberse negado a ser parte del acuerdo en 2019. A partir de este hito, le corresponderá al gobierno implementar las medidas necesarias para que sus disposiciones se cumplan en nuestro país.
Las organizaciones, aunque celebraron la aprobación por parte del Senado en Chile, alertaron que esto es un paso gigantesco, pero no es el último, porque ahora hay que seguir empujando las regulaciones que permitan profundizar la participación ciudadana a partir de la implementación de sus cláusulas en el marco legal chileno.
