16 de junio 2020. Chile requiere con urgencia una economía compatible con los sistemas que sostienen la vida para permitir la sostenibilidad del futuro y de nuestro propio desarrollo. Urge construir una sociedad resiliente ante los riesgos que nos ha expuesto y agudizado esta pandemia. Para ello se requiere un sistema político, social y económico, que sitúe en la base de la toma de decisión política la salud humana y ecosistémica.
La reactivación económica propuesta por el gobierno y tres partidos de la oposición, habla de un impulso fiscal a la reactivación que incluye un “énfasis verde”, pero que olvida avanzar en materias indispensables en esta área como son: la transición energética, el reacondicionamiento de viviendas de familias de menores ingresos, la tecnificación del riego para los pequeños productores agrícolas y la restauración de ecosistemas, entre otros.
Rechazamos todo intento de disminuir los estándares ambientales en relación con la tramitación de proyectos de inversión. Es claro que la pandemia actual y otras emergencias sanitarias, se relacionan directamente con un mal manejo y el abuso de la intervención humana en los ecosistemas.
Exigimos que todo beneficio tributario o crediticio a grandes empresas, sea condicionado al cumplimiento de requisitos específicos medioambientales y de justicia social. Vemos con desconfianza el deseo de agilizar concesiones de nuestros bienes comunes naturales, ya que tal como se ha producido hasta ahora, estas concesiones han resultado en la degradación de tierra, ríos, mar y borde costero.
En Chile aún faltan normas de calidad y se requiere contar con legislación que realmente proteja los bienes comunes. En este sentido urge contar con un Sistema de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), aprobar una ley de protección de glaciares y una ley de delitos ambientales, que son proyectos que se han visto entrampados en el Congreso. Por esto también es urgente rechazar el proyecto Pro-Inversión del Ejecutivo, que tiene una lógica de la degradación de la naturaleza.
Las medidas económicas deben estar al servicio de sostener la vida. Hoy existen territorios en Chile donde las personas enfrentan esta emergencia sanitaria en graves condiciones de injusticia ambiental, como comunidades completas que ni siquiera tienen acceso al agua para lavarse las manos en la pandemia o quienes viven en las denominadas “Zonas de Sacrificio”, y deben enfrentar el coronavirus con sus sistemas respiratorios deprimidos y altos índices de contaminación, aumentando letalidad del virus.
El COVID 19, el estallido social y la crisis económica, hacen evidente que el modelo en el que vivimos hasta ahora, fracasó. Es urgente una propuesta de país que nos permita reconstruirnos para el futuro, aprendiendo de todo lo que por décadas hemos hecho mal. La normalidad económica y social de Chile se quebró en octubre, y hoy requerimos construir un modelo diferente, en donde exista justicia social y ambiental.
